El documento tiene como objetivo analizar los avances realizados por países de América Latina y el Caribe (ALC) en el fortalecimiento de la institucionalidad vinculada a la agricultura, el cambio climático y la seguridad alimentaria. El documento destaca iniciativas innovadoras, en ámbitos como la formulación de políticas, el desarrollo de marcos legales, el fomento de la investigación y la innovación, el desarrollo de mecanismos de financiamiento, y la gestión de riesgos climáticos, entre otros. La revisión está enfocada en las políticas nacionales

Este documento resume los resultados del trabajo en grupo y la discusión en plenaria de la sesión 4 (Marcos Regulatorios para el Fomento de Cadenas de Valor Sostenibles e Inclusivas) del Taller Regional de Intercambio de la Alianza de Aprendizaje Regional, realizado en junio de 2010.

Las proyecciones de aumento en el consumo de chocolate, principal elaborado del cacao, hacen que este cultivo represente una oportunidad para el forta-lecimiento de toda la cadena de valor, en especial de los agricultores; sin em-bargo, los países productores de cacao en ALC deben superar retos en el ámbito productivo, económico, social y ambiental.

El Gobierno de Perú está comprometido en mejorar el nivel de la electrificación rural, incrementando la cobertura del servicio eléctrico en áreas rurales de un 55 por ciento estimado para fines de 2010 a un 88 por ciento para el 2020. El presente informe consiste en una evaluación de los usos productivos de la electricidad en Perú dentro del contexto del Proyecto de Electrificación Rural cuyo propósito es ampliar el servicio de electricidad y atraer la participación de la población, los gobiernos locales y las empresas eléctricas de distribución regionales.

Estas cartillas han sido producidas en el marco del Proyecto “Innovaciones institucionales para el apoyo a la gestión de procesos comerciales de la Agricultura Familiar y su vinculación con los mercados”, que se desarrolló de forma simultánea en Chile, Perú y la Argentina entre los años 2014 y 2016. Este proyecto fue financiado por el Fondo Concursable para la Cooperación Técnica del IICA (FonCT) con contrapartes gubernamentales en los tres casos. El proyecto parte de identificar tres problemas específicos con relación a la comercialización de los agricultores familiares:

El proyecto "Innovación para la seguridad y la soberanía alimentaria en la región andina" - IssAndes, se inició en marzo del 2011 y culminó en marzo del 2015. El proyecto fue ejecutado en Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia, con socios de agricultura, salud y educación en cada país. Fue coordinado por el Centro Internacional de la Papa (CIP) y financiado por la Unión Europea a través del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

En los últimos 25 años se han producido cambios significativos en la vida rural de América Latina, en sus dimensiones política, económica, social, laboral, demográfica, cultural y ambiental, a partir de lo que se denominó los Programas de Ajuste Estructural y de las decisiones políticas y económicas que tomó cada país en particular. Uno de los elementos centrales y determinantes de las reformas en los Sistemas de Extensión y Transferencia de Tecnología Agraria (SETTA) ocurrió a partir de fines de la década de los setentas y principios de la década de los ochentas.

Durante la IX Reunión del Grupo Técnico de Investigación, Tecnología, Transferencia e Innovación del CAC el 28 de noviembre de los corrientes en la ciudad de Panamá. Para el PDRR la agricultura familiar necesita de nuevos y fortalecidos sistemas locales de innovación que sean especializados para su actividad, esto requiere de una agenda planificada desde los territorios con el fin de atender las demandas de los productores familiares.

El objetivo de esta guía es proponer una metodología para la “evaluación de la sostenibilidad de los sistemas de producción de la agricultura familiar”, a través de “indicadores de sostenibilidad”. Con ellos se busca detectar “puntos críticos” en los sistemas de producción que limitan su sostenibilidad, de forma tal que se pueda iniciar un proceso de elaboración de “estrategias de gestión sostenible” enfocado al fortalecimiento de la agricultura familiar y al desarrollo de los territorios rurales en los que se desenvuelven.