Este capitulo es parte de un libro del proyecto Específico “Procesos socio-técnicos de innovación en los territorios” del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina.

Estas cartillas han sido producidas en el marco del Proyecto “Innovaciones institucionales para el apoyo a la gestión de procesos comerciales de la Agricultura Familiar y su vinculación con los mercados”, que se desarrolló de forma simultánea en Chile, Perú y la Argentina entre los años 2014 y 2016. Este proyecto fue financiado por el Fondo Concursable para la Cooperación Técnica del IICA (FonCT) con contrapartes gubernamentales en los tres casos. El proyecto parte de identificar tres problemas específicos con relación a la comercialización de los agricultores familiares:

Los enfoques y prácticas de extensión se han transformado notablemente en las últimas décadas. A la vez, numerosos autores han señalado la persistencia de enfoques difusionistas tanto en las instituciones como en las prácticas de los extensionistas. En esta investigación se analizan las prácticas de extensión implementadas en el noreste argentino, se las compara con propuestas institucionales y académicas actuales y se extraen aprendizajes. Para esto se realizaron 40 entrevistas a extensionistas que trabajan en el ámbito público en las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones.

En los últimos 25 años se han producido cambios significativos en la vida rural de América Latina, en sus dimensiones política, económica, social, laboral, demográfica, cultural y ambiental, a partir de lo que se denominó los Programas de Ajuste Estructural y de las decisiones políticas y económicas que tomó cada país en particular. Uno de los elementos centrales y determinantes de las reformas en los Sistemas de Extensión y Transferencia de Tecnología Agraria (SETTA) ocurrió a partir de fines de la década de los setentas y principios de la década de los ochentas.

La agricultura familiar engloba un conjunto diversificado de situaciones de trabajo y de vida que exceden la producción de subsistencia y demandan políticas públicas integrales de desarrollo. En la última década ha comenzado a instalarse en la agenda pública, y también en la de gobierno, la necesidad de avanzar hacia un modelo de desarrollo rural que sea socialmente inclusivo y, por ende, política, económica y ambientalmente sustentable. Tal modelo debe partir del reconocimiento de los agricultores familiares como sujetos viables de desarrollo económico.