En los últimos 25 años se han producido cambios significativos en la vida rural de América Latina, en sus dimensiones política, económica, social, laboral, demográfica, cultural y ambiental, a partir de lo que se denominó los Programas de Ajuste Estructural y de las decisiones políticas y económicas que tomó cada país en particular. Uno de los elementos centrales y determinantes de las reformas en los Sistemas de Extensión y Transferencia de Tecnología Agraria (SETTA) ocurrió a partir de fines de la década de los setentas y principios de la década de los ochentas.
Durante la IX Reunión del Grupo Técnico de Investigación, Tecnología, Transferencia e Innovación del CAC el 28 de noviembre de los corrientes en la ciudad de Panamá. Para el PDRR la agricultura familiar necesita de nuevos y fortalecidos sistemas locales de innovación que sean especializados para su actividad, esto requiere de una agenda planificada desde los territorios con el fin de atender las demandas de los productores familiares.
El presente estudio se basa en el análisis sobre la incorporación de los principios de actuación por los que ha de guiarse el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), en su labor con Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. El Programa de Desarrollo Rural en la Costa Caribe de Nicaragua, NICARIBE, fue el proyecto de referencia para el análisis.
El documento tiene como objetivo analizar los avances realizados por países de América Latina y el Caribe (ALC) en el fortalecimiento de la institucionalidad vinculada a la agricultura, el cambio climático y la seguridad alimentaria. El documento destaca iniciativas innovadoras, en ámbitos como la formulación de políticas, el desarrollo de marcos legales, el fomento de la investigación y la innovación, el desarrollo de mecanismos de financiamiento, y la gestión de riesgos climáticos, entre otros. La revisión está enfocada en las políticas nacionales
Los artículos reunidos en este volumen se basan en las ponencias presentadas por los expertos que participaron en el seminario internacional “Políticas para la agricultura en América Latina y el Caribe: competitividad, sostenibilidad e inclusión social”, realizado en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago los días 6 y 7 de diciembre de 2011.
El presente documento es un conjunto de estudios realizados en 2015 en ocho países y es complementario al ya publicado en 2014 y reeditado/actualizado por el IICA en 2016 con el título “Políticas públicas y Agriculturas familiares en América Latina y el Caribe: balance, desafíos y perspectivas” coordinado por Eric Sabourin, Mario Samper y Octavio Sotomayor, considerando que el 2014 fue declarado Año Internacional de la Agricultura Familiar.
Los aportes de la agricultura para el país son indiscutibles: cerca del 20% al Producto Interno Bruto, 40% del empleo nacional, alimentos; aunque la mayoría de cultivos se producen en sistemas convencionales algunos como el café y el cacao son generadores de servicios ecosistemicos como la captura de carbono y la infiltración de agua. Así mismo, la agricultura es generadora de cohesión social comunitaria y un extraordinario reservorio de cultura popular. Tres elementos de contexto ponen en riesgo este carácter multifuncional de la agricultura.
Para preparación de este documento se llevó a cabo una consulta con los actores de la producción orgánica en las diferentes regiones del país, tratando de identificar desde su perspectiva, las limitaciones y potencialidades que presenta la actividad, así como las áreas estratégicas sobre las cuales se debe incidir para favorecer el desarrollo de la misma. El análisis de la información recabada permitió elaborar una propuesta de estrategia para el desarrollo de la actividad la cual, entre otros, contiene políticas y acciones alrededor de las mismas.
Actores locales y productores agropecuarios en Latinoamérica tienen acceso limitado a la información agroclimática y, cuando logran acceder a ella, tienen dificultades para traducirla en conocimiento procesable y accionable. Si bien los servicios climáticos son reconocidos por contribuir a cerrar la brecha entre la generación de información climática y su uso por parte de las partes interesadas, su provisión y uso en Latinoamérica aún representa un desafío crítico.
De octubre del 2014 a noviembre del 2016, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo (CLAC) ejecutaron el proyecto “Fortalecimiento de capacidades agroempresariales y asociativas de organizaciones de pequeños productores para su vinculación a los mercados locales utilizando el modelo de agronegocios de comercio justo”, con recursos del Fondo de Cooperación Técnica del IICA (FonCT)1 y la CLAC2 .